Senadores presentan iniciativa para otorgar la amnistía a autodefensas detenidos en Michoacán

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Fecha: 19 de Septiembre de 2014 a las 00:24:51

México, DF., a 18 de septiembre de 2014.- Este jueves, 13 senadores del PAN, PRD y PT, presentaron una iniciativa de ley para otorgarle la amnistía a los integrantes de las autodefensas detenidos en Michoacán, para así liberar a 383 ex integrantes de estos grupos y a su líder, José Manuel Mireles Valverde.

El documento firmado por los senadores, señala que al surgir los grupos de autodefensas como reacción a una situación de violencia extrema, con la finalidad de salvaguardar su seguridad y la de sus familias, así como sus posesiones, se justifica la expedición de una ley de amnistía para que el Estado olvide la acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no corresponde a la intención de cometer delitos.

Al respecto, a nombre de los firmantes de la iniciativa, el panista Javier Corral explicó que la propuesta consta de seis artículos y un transitorio, y busca “limitar la acción penal y las sanciones impuestas a miembros de las autodefensas que se les imputen delitos del orden federal, cometidos en el estado de Michoacán”, a excepción de la reparación del daño que hayan ocasionado.

La amnistía aplicaría para aquellas personas que enfrenten acusaciones por delitos federales cometidos en Michoacán entre el 24 de febrero de 2013, fecha considerada como la de la aparición de las autodefensas, y el 1 de septiembre pasado.

Los otros son que la persona fuera detenida entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre pasado, y que haya participado en grupos de autodefensa "por un estado de necesidad, para salvaguardar su integridad física, la seguridad de sus familias, patrimonio, derechos o comunidad ante ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada".

Quienes obtuvieran la amnistía dejarían de tener procesos penales en su contra o sanciones, salvo aquellas que les obliguen a reparar daños, y la Procuraduría General de la República (PGR) sería la responsable de vigilar la aplicación de la norma.

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